INSACIABLES

Desde la llegada del neoliberalismo a la política económica con la crisis de los setenta, impulsado por los grandes poderes económicos del mundo, con Tatcher y Reagan como sus principales valedores políticos, apoyados y legitimados por una enorme cohorte de académicos, sobre todo economistas, asistimos a un continuo ataque a los derechos laborales, sociales y cívicos de las poblaciones de los llamados países ‘desarrollados’. La crisis actual, años 2007 en adelante, está facilitando un nuevo y muy potente ataque a los intereses de estas mismas poblaciones (aunque ello no es obstáculo, tampoco, a que se intensifique la explotación en las demás poblaciones de un mundo globalizado).

En el estado español, como en otros países de la denominada periferia de la Unión Europea, estos ataques se están ejerciendo con una inusitada virulencia. Toda una serie de elementos bastante conocidos han conducido a unos altos niveles de endeudamiento de la economía, y sobre todo a una deuda externa que se está mostrando difícil de gestionar. Los mercados financieros a los que se recurre para financiarla, reforzados por unas instituciones públicas internacionales (FMI, OCDE) y en particular por la Unión Europea, imponen exigencias crecientes a las economías deudoras, requiriendo a los gobiernos la realización de una política económica que supone un durísimo ataque en las condiciones de vida y los derechos sociales y cívicos de la población.

Las medidas de política económica ‘de ajuste’ se suceden sin cesar. La gestión de la crisis fue desacertada y caótica en 2008 y 2009, pero es a partir de 2010 que el ataque se intensifica. En febrero de dicho año se emprendieron nuevas medidas de austeridad, y a partir de mayo se produjo un giro drástico en la política económica española para adentrarse de lleno en un periodo de muy severas medidas: un fuerte recorte presupuestario, la reforma laboral y la reforma de las pensiones; seguidas por otras medidas de menor entidad pero recesivas también en diciembre.

2011 está acentuando esta orientación, a pesar de que el publicitado Acuerdo Social y Económico de febrero fue totalmente superfluo. Supuso poco más que reiterar la voluntad de reforma de las pensiones, y el abrir la puerta a la reforma futura de la negociación colectiva junto a unas pobres medidas de políticas activas para el empleo y unas expresiones fundamentalmente retóricas sobre política industrial, energética y de innovación. Podemos preguntarnos si el objetivo real de este Acuerdo, compuesto de unas medidas ya previamente existentes y otras que se tomarían en el futuro, no era sólo el de mostrar el consenso entre el Gobierno y las fuerzas sociales (con fotografía incluida) respecto a la política que establecía el primero.

A partir de marzo de este año la presión viene de instancias más potentes y se acentúa intensamente. A cambio del establecimiento de un fondo de ayuda financiera por si es necesario para rescatar a los países, y a través principalmente del denominado Pacto por el Euro, la UE decreta una serie de medidas de gran envergadura que los países de la zona euro habrán de cumplir, supuestamente para impulsar la competitividad, el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, y reforzar la estabilidad financiera. Entre ellas: l

os aumentos salariales habrán de seguir la pauta de la productividad y no actualizarse según el IPC

hay que ahondar en la flexiseguridad –léase precariedad laboral-

eliminar la economía sumergida disminuir la tributación del trabajo (de los más ricos y las cotizaciones sociales) y aumentar la fiscalidad indirecta (el IVA)

armonizar’ la fiscalidad del impuesto de sociedades, con un sistema que supondrá la disminución en la tributación de las empresas transnacionales europeas

revisar la estabilidad del gasto público, (leer disminuir) especialmente en salud, educación y asistencia social, las jubilaciones habrán de demorarse hasta los 67 años o más tarde según como evolucione la esperanza de vida

los presupuestos de los estados deberán cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 o ser penalizados con multas del 0,2% del PIB (en el caso de España unos 20.000 millones de euros anuales)

y, además, han de ser revisados por la UE antes de ser presentados a los correspondientes parlamentos; y bastantes otras medidas del mismo cariz.

España se da prisa en cumplir: Iberdrola ya ha logrado que sus salarios se negocien en función de la productividad y Telefónica seguirá un complicado sistema mixto (productividad e IPC) para sus salarios, la ley sobre la economía sumergida ya se ha emitido por Decreto-Ley, ya estaba aprobada la reforma de las pensiones, los recortes en sanidad, educación, asistencia social, y todo el gasto público son drásticos… Asistimos a la continua implantación de políticas económicas rigurosas y crueles con la mayoría de la población, que están deteriorando sus condiciones de vida en todas sus facetas.

Hay dos aspectos más graves todavía: el primero, que debido a su carácter fuertemente recesivo estas medidas no sirven para resolver el problema de la crisis económica , sino que implican el deterioro de su economía y, por tanto, la perpetuación de la crisis por un largo periodo (el caso de Grecia señala la evolución probable);y, segundo, que las medidas negativas para la población no se terminan sino que continuarán ahondando en este deterioro. La reciente normativa sobre la negociación colectiva, que, de hecho, supone eliminar la fuerza de la misma, supone un potente ataque en lo que serán las condiciones laborales en el futuro, los grandes empresarios que rigen abiertamente la orientación de la política económica y sus asesores, el gobernador del Banco de España y la propia UE, señalan que las medidas de ‘austeridad’ en curso han de completarse. Los primeros incluso explicitan que hay que finalizarlas antes de convocar elecciones… Las medidas en estas líneas no tienen límites, no se acaban nunca. Más y más de lo mismo, insisten.

El objetivo de fondo de estas políticas no es otro más que, con la excusa de la crisis de la deuda, lograr disminuir de forma permanente el nivel de vida de la población, haciéndola retroceder muchos años, para conseguir con ello mantener y aumentar los beneficios que el capital necesita . No van a parar si no les forzamos a ello. Son insaciables.