SE AVIVA EL DEBATE EN NICARAGUA POR LA DEUDA DE LOS EE.UU.

La "CONTRA" contra el Gobierno Sandinista de Nicaragua, financiada por los EE.UU., se dedicaron durante años a destruir las infraestructuras del país con el fin de derrocar al Gobierno de Daniel Ortega en los años ochenta.HOME
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Un articulo de Escrito por Alfredo G. Pierrat

06 de julio de 2011, 0Managua, 6 Jul (PL) .

El gobierno nicaragüense, presidido entonces por Violeta Barrios de Chamorro, renunció en 1991 a cobrar la indemnización que Estados Unidos debía pagar a esta nación centroamericana por decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El matutino El Nuevo Diario publica hoy una copia de un documento oficial de la CIJ en el que ese alto tribunal de la ONU confirma que la entonces presidenta fue quien renunció a continuar con ese proceso, en un nuevo elemento que aviva la polémica surgida aquí hace poco más de una semana.

En 1986, el gobierno, presidido entonces por Daniel Ortega, denunció ante la CIJ a Estados Unidos por el minado de los principales puertos marítimos de Nicaragua, por el aislamiento económico, por los sabotajes a objetivos civiles y económicos y por los daños materiales que estas actividades provocaron, recuerda el periódico.

Dos años después, el 27 de junio de 1986, la Corte dio la razón a Nicaragua y condenó a Estados Unidos a resarcir a Managua, pero no fijó el monto de la indemnización, que las autoridades sandinistas calcularon, en 1989, en unos 17 mil millones de dólares.

Según el texto publicado por El Nuevo Diario, el 27 de septiembre de 1991 el secretario de la CIJ informó públicamente que el 12 de ese mismo mes el gobierno de Violeta Barrios le había comunicado la decisión de renunciar "a todo derecho de acción" y que no deseaba continuar con el procedimiento en curso.

En consecuencia, el presidente de la Corte, el 26 de septiembre de 1991, impartió instrucciones para que se suspendieran las actuaciones y ordenó la eliminación del caso de la lista de la CIJ, dice el documento.

El texto publicado hoy confirma declaraciones recientes del embajador estadounidense en Managua, Robert Callahan, quien afirmó que para Washington ese caso está cerrado, debido a que en 1991 el gobierno nicaragüense lo retiró oficialmente y ellos tienen un documento que lo demuestra.

Sin embargo, varias figuras del tablero político local, citadas hoy por el propio periódico, se pronuncian de manera muy diferente.

Entre ellas, Roger Guevara Mena, candidato presidencial por una de las formaciones antisandinistas para las elecciones de noviembre próximo, calificó de incorrecta la decisión de la expresidenta Violeta Barrios, quien -aseguró- no tenía facultades para hacerlo.

En términos parecidos se pronunció el diputado liberal José Pallais, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, quien opinó que "se renunció a los procedimientos pero eso no significa que se renunció a los beneficios de la sentencia".

El tema volvió a los primeros aquí después que el presidente, Daniel Ortega, aludiera el pasado 25 de junio al 25 aniversario de la decisión de la CIJ, y afirmara que llegará el día en que Estados Unidos tendrá que pagar esa deuda a Nicaragua.