Miércoles, 15 de Junio de 2011
Un país paralizado, mientras en el parlamento se aprueban recortes y privatizaciones. Trenes y barcos paralizados, hospitales que atienden solo las urgencias, bancos cerrados, ministerios sin actividad y protestas en Atenas y las principales ciudades griegas. Es el panorama de la nueva huelga general de 24 horas que los griegos afrontan para protestar por el nuevo paquete de medidas de ahorro que vota el Parlamento.
La tercera huelga general del año, convocada por los sindicatos mayoritarios, afecta también a la prensa, pues se han sumado a ella los periodistas de todos los medios. Los servicios al público, las guarderías infantiles y las empresas estatales en vías de privatización también han cerrado. Los medios de transporte urbano harán paros por algunas horas y el comercio en Atenas cerrará tres horas al mediodía. La excepción son las aerolíneas y los aeropuertos, que funcionarán normalmente para no afectar al turismo, y un par de portales informativos en el ciberespacio que en los últimos meses suelen informar en directo de lo que ocurre en las manifestaciones.
El punto más conflictivo es la plaza Syntagma donde coinciden los "indignados" griegos y los manifestantes convocados por los sindicatos. El objetivo es presionar a los parlamentarios e intentar cerrar con una cadena humana el acceso al Parlamento griego.
La amenaza de la quiebra
Durante las últimas semanas, la presión popular y política sobre el primer ministro griego, George Papandreou, está acrecentándose. Esto se debe al propósito del dirigente socialista de consensuar un plan de cinco años de duración que obedece a las exigencias de la 'troika' (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) con el fin de poder incrementar los plazos y la cuantía del rescate financiero y así evitar un posible default (declaración de bancarrota) de la economía griega.
Mientras la Unión Europea sigue debatiendo sobre un segundo rescate a Grecia para evitar la quiebra pero la discrepancia radica en la aportación privada de los bancos a la ayuda, si deben recomprar la deuda soberana griega a su vencimiento de forma voluntaria o obligatoria.
Más impuestos y recortes del gasto social
Este miércoles, el Partido Socialista griego (PASOK) encabezado por Papandreou, presentará su plan de mitad de legislatura ante el Parlamento con el objetivo de que sea aprobado a finales de este mes. Entre las medidas figuran un nuevo incremento de los impuestos y más recortes en el gasto social.
No obstante, las decenas de miles de personas asistentes a las protestas diarias, cuyo epicentro se encuentra en la plaza de Syntagma frente al Parlamento, acordonarán este edificio institucional, según ha manifestado en un comunicado la autodenominada Asamblea Popular de Syntagma.
"Ahora que el Gobierno someterá a votación el programa de austeridad de mitad de legislatura, cercaremos el Parlamento y nos juntaremos y permaneceremos en (la plaza de) Syntagma", ha afirmado el movimiento. "El primer paso es la huelga general", ha dicho, advirtiendo de que no detendrán sus acciones hasta que el Gobierno griego retire las nuevas medidas de recortes.
La Policía griega ha informado de que desplegará a un total de 1.500 agentes para mantener el orden en la zona, una medida consistente si se tiene en cuenta que para el control de la seguridad de las protestas, el número de policías no suele sobrepasar los 300.
Medidas para un nuevo paquete de ayudas
En el plano político, la 'troika' ha presionado a los partidos griegos a que respalden la segunda tanda del rescate (y sus consiguientes medidas de austeridad a impulsar por el Ejecutivo) de cara a la reunión que mantendrán los ministros de Economía de la UE el próximo 20 de junio en la que, con casi toda seguridad, se definirán los patrones del nuevo rescate, que se situará entre los 60.000 y los 90.000 millones de euros. Esta nueva fase del rescate se añadirá al promulgado hace algo más de un año, cuyo montante se cifró en unos 110.000 millones de euros.
La aprobación de este nuevo programa europeo y el posterior visto bueno de la 'troika' desbloquearía el quinto tramo del primer rescate a Grecia, que está cifrado en 12.000 millones de euros.
Sin embargo, el partido conservador de la oposición Nueva Democracia ha rechazado respaldar el nuevo programa de austeridad de Papandreou, cuyo índice de popularidad, según los últimos sondeos, se encuentran en plena caída libre. La asociación de comerciantes griegos, por su parte, también se ha negado a apoyar los nuevos recortes y subidas de impuestos y ha anunciado que cerrarán los comercios durante tres horas como señal de protesta.
Asimismo, los sindicatos Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE) y Unión Sindical Libertaria (ESEE) han sostenido en un comunicado que "la respuesta contra el mayor problema del país, la recesión, no puede ser otra que restaurar la actividad económica y la inversión en el sector de las pequeñas y medianas empresas", al que han descrito como "la espina dorsal del desempleo".
Sigue subiendo la rentabilidad de los bonos griegos
La coyuntura griega está dominada por la contracción económica, un 5,5%, una alta tasa de paro, un 16%, y un ingente descontento social, que se ha traducido en numerosas huelgas y manifestaciones.
Este lunes, la agencia de ráting estadounidense Standard & Poor's situó la deuda de Grecia en su mínimo histórico (en el nivel del bono basura) y ha dejado entrever que la reestructuración de los casi 340.000 millones de deuda es un hecho prácticamente inevitable, lo que significaría la bancarrota de Grecia.
La rentabilidad de los bonos a seis y diez años continúa subiendo y, en este contexto, el Comisario de la UE para Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha mostrado cierto optimismo. Rehn ha sugerido que este posible nuevo rescate podría animar a las entidades bancarias que en la actualidad tienen deuda griega a comprar más bonos, estabilizando así la situación financiera del país.
Al respecto, existen divisiones en el seno de las autoridades europeas sobre si los tenedores de bonos griegos privados (mayoritariamente bancos) deberían o no compartir la carga de la futura segunda parte del rescate financiero.
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