ANIVERSARIO DEL CRIMEN DE ATOCHA

Hoy se cumple el 33 aniversario del asesinato de los abogados laboralistas de la Calle Atocha en Madrid.
Un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados en derecho laboral de Comisiones Obreras (CC.OO.) y militantes del Partido Comunista de España (PCE), todavía ilegal en nuestro país, situado en el número 55 de la calle de Atocha, abriendo fuego contra los allí presentes, matando a cinco personas y dejando cuatro heridos. El Tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 considera que los procesados Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca constituían un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España". El fallo condena a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años.
Los terroristas, al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, en buena medida, desarticularon a la que llamaban mafia franquista del transporte. Al no encontrarle, ya que había salido un poco antes, decidieron matar a los presentes, concretamente dos jóvenes con armas de fuego, después de llamar al timbre del piso entre las 22:30 y 22:45 horas. Con ellos iba una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos. En la misma noche, personas desconocidas asaltaron también un despacho del sindicato UGT, que se hallaba vacío.

Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, casada con Sauquillo, embarazada que perdió también a su bebé.

El secretario general del partido comunista, Santiago Carrillo, había regresado del exilio en febrero de 1976 clandestinamente. Sin embargo hizo acto de presencia para forzar el reconocimiento y legalización del PCE.

En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con movimientos de izquierdas, una a manos de la misma Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a desestabilizar aún más la transición política.
Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia en huir de Madrid. Desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarlos, de tal modo que se confiase en el proceso de transición democrático.

En pocos días, la Policía Nacional detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera -secretario provincial del sindicato vertical del transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte- como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca por suministrar las armas y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. Durante el juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa. Sin embargo los propios agentes declinaron cobrar la recompensa por su captura.

No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor responsabilidad en los atentados. La fuga de Lerdo de Tejada, que continúa en paradero desconocido a pesar que su delito prescribió en 1997, antes del juicio durante un extraño permiso penitenciario en abril de 1979, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad. Otro de los encausados, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero de 1979. La mayoría de los criminales estaban próximos a Fuerza Nueva y otras organizaciones políticas de extrema derecha.

La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerdá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos a 193 años de prisión cada uno; 63 años a Francisco Albadalejo Corredero (fallecido en prisión en 1985); 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985 de cáncer de laringe), y a Gloria Herguedas Herrando, a un año. Uno de los heridos, Miguel Ángel Sarabia, comentaba al respecto en el 2005: Aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos de Atocha, en 1980 pese a la arrogancia de los acusados, con camisa azul y muchos asistentes, también de uniforme, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada.

García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes más de 3800 días o unos 10 años de prisión. Sería detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y allí permanece en prisión, requerido por las autoridades judiciales españolas. Fernández Cerrá puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunos lo sitúan trabajando en una empresa de seguridad. Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después:" Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo apuntaban. Con esto no quiero decir nada."

Después de las revelaciones del primer ministro italiano Giulio Andreotti en octubre de 1990 acerca de la red Gladio, una organización secreta anticomunista durante la guerra fria, un reporte del CESIS italiano informaba que Carlo Cicuttini había participado a la matanza de Atocha.


Desde este pequeño rincón, nuestro más sincero homenaje a estos camaradas que dieron su vida en la lucha por la libertad de la que nos había privado el régimen franquista.