¡EL PUERTO DE SANTA MARIA - CADIZ
¡Una decena de colectivos se concentraron ayer a las puertas de la sede de Apemsa.
Foro Social Portuense
No rotundo de la plataforma al capital privado en Apemsa -
Los colectivos participantes en la presentación de ayer, "sorprendidos" por la fuerte presencia policial durante el acto
Tal y como se había anunciado, la dirección de Apemsa no accedió a la utilización de su sede para la presentación de la plataforma ciudadana contra la privatización del agua, de la que forman parte una decena de colectivos como Andad, Arcos iris, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Facua, Flave, Foro Social, La Gaviota y Mujeres por la Ciudadanía. Los integrantes de estos colectivos se concentraron por tanto en la calle, a las puertas de la empresa, para proceder a la lectura de un comunicado en el que expusieron las razones de rechazo a la entrada de capital privado en la empresa municipal de aguas.
El presidente de la Flave, José Rodríguez (que hizo las veces de portavoz) expresó su "sorpresa" ante la presencia de un buen número de policías en el lugar de la presentación, con una pareja de la Policía Local y casi media docena de agentes de la Policía Nacional. "Hace 15 días le pedimos al gobierno local más policías pero nos referíamos a los barrios, no pensábamos que los fueran a mandar aquí", ironizó, señalando que "no entendemos que nos digan que hay falta de personal para vigilar las barriadas cuando aquí hay semejante despliegue".
En cuanto al comunicado de la plataforma, el encargado de darle lectura fue el secretario general de Facua Cádiz, Jesús Yesa, quien expresó que la plataforma defiende una gestión completamente pública del agua y consideró "un grave error" la semiprivatización de la empresa, algo que achacó a la necesidad de liquidez de los ayuntamientos pero como dijo "traerá problemas en el futuro".
La plataforma ciudadana, que tras su reciente constitución mantendrá reuniones periódicas, cree que la operación prevista por el gobierno local acarreará una menor calidad en el servicio y en las inversiones, recordando que "hay cosas con las que no se puede hacer negocio". En los próximos días está previsto que el comité de empresa de Apemsa pase a formar parte también de los colectivos que han suscrito el manifiesto contra la privatización.
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CATALUÑA
Entidades medioambientales protestan contra la privatización del agua
Un bien público como el agua no debe ser gestionado por grupos privados que se basen exclusivamente en criterios empresariales. Con esta premisa se han manifestado este mediodía decenas de entidades medioambientales frente a la sede de la empresa Agbar en Barcelona, responsable. "La privatización del agua es una estrategia de sabotaje social", ha advertido el experto en gestión del agua Pedro Arrojo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza e impulsor de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) sobre los planes de la Generalitat de privatizar total o parcialmente la sociedad pública Aguas Ter-LLobregat (ATLL), empresa dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat responsable de abastecer de agua el área metropolitana de Barcelona y a otras nueve comarcas de la provincia.
El Gobierno de CiU anunció que pretende vender la compañía debido a las deudas que esta arrastra, de unos 670 millones de euros. El endeudamiento de ATLL se debe a la insuficiente financiación pública que recibe la empresa y a las grandes inversiones realizadas los últimos años como la interconexión de las cuencas del Ter y Llobregat, la ampliación de la potabilizadora Abrera y de la desalinizadora de El Prat, entre otros trabajos.
La empresa se financia básicamente con la tarifa del consumo de agua y ante la falta de recursos públicos, los sucesivos gestores acudieron al crédito de forma prácticamente sistemática. En este sentido el exconsejero de Medio Ambiente durante el anterior gobierno tripartito, Francesc Baltasar, se negó a incrementar la tarifa del agua el 14,5%, pese a que ya lo había aprobado su consejo de administración.
La situación se agrava por el déficit de la Agencia Catalana del Agua, organismo público que debe unos 1.800 millones de euros. Ello ha obligado a imponer recortes de gastos ordinarios mientras las inspecciones y controles de los ríos, por ejemplo, se hacen sin asistencias técnicas externas.
Los manifestantes, entre ellos miembros de varias entidades internacionales, han advertido que los planes de privatizar la gestión del agua se están produciendo a gran escala en muchos países bajo el pretexto de la situación económica. "Utilizan el argumento de luchar contra la crisis y los pretextos de austeridad para privatizar bienes que son de todos", ha detallado Arrojo. "Así las firmas transnacionales están imponiendo políticas fallidas basadas en beneficios empresariales", ha añadido en alusión a Agbar, empresa filial de la multinacional francesa Suez.
Las entidades han elegido la Torre Agbar como "símbolo luminoso del poder de los negocios", para denunciar los proyectos de privatización de la gestión hídrica. "El agua no debe ser motivo de negocio", han señalado. Arrojo, por su parte, ha exigido a los partidos políticos que no aprovechen los últimos resultados electorales para iniciar procesos privatizadores que no detallaron durante la campaña electoral ni anteriormente. "Que se sepa en sus programas no se incluía el plan de privatizar la empresa Aguas Ter-Llobregat. Nadie ha dado permiso para privatizar por décadas un patrimonio y unos derechos que son de todo el mundo", ha advertido.
La privatización de la gestión del agua provocará un aumento desigual de las tarifas y una pérdida de la transparencia en la gestión de esta empresa, han advertido los manifestantes. "Persiguen privatizar los beneficios y socializar las pérdidas", ha denunciado Theodoros Karyotos, portavoz de una entidad medioambiental de Grecia.
La Generalitat prevé ingresar hasta 1.200 millones de euros este año por la venta de activos, tanto en empresas públicas como en edificios y equipamientos que no ha concretado. Los alcaldes de los municipios abastecidos por ATLL, por su parte, reclaman que estos recursos económicos no sirvan solo para financiar la deuda del Govern. Los Ayuntamientos necesitan financiar los equipamientos de abastecimiento y saneamiento del agua y reclaman que la Generalitat les pague la cantidad que les debe para realizar esta tarea.
M A D R I D
¡
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
El Gobierno de CiU anunció que pretende vender la compañía debido a las deudas que esta arrastra, de unos 670 millones de euros. El endeudamiento de ATLL se debe a la insuficiente financiación pública que recibe la empresa y a las grandes inversiones realizadas los últimos años como la interconexión de las cuencas del Ter y Llobregat, la ampliación de la potabilizadora Abrera y de la desalinizadora de El Prat, entre otros trabajos.
La empresa se financia básicamente con la tarifa del consumo de agua y ante la falta de recursos públicos, los sucesivos gestores acudieron al crédito de forma prácticamente sistemática. En este sentido el exconsejero de Medio Ambiente durante el anterior gobierno tripartito, Francesc Baltasar, se negó a incrementar la tarifa del agua el 14,5%, pese a que ya lo había aprobado su consejo de administración.
La situación se agrava por el déficit de la Agencia Catalana del Agua, organismo público que debe unos 1.800 millones de euros. Ello ha obligado a imponer recortes de gastos ordinarios mientras las inspecciones y controles de los ríos, por ejemplo, se hacen sin asistencias técnicas externas.
Los manifestantes, entre ellos miembros de varias entidades internacionales, han advertido que los planes de privatizar la gestión del agua se están produciendo a gran escala en muchos países bajo el pretexto de la situación económica. "Utilizan el argumento de luchar contra la crisis y los pretextos de austeridad para privatizar bienes que son de todos", ha detallado Arrojo. "Así las firmas transnacionales están imponiendo políticas fallidas basadas en beneficios empresariales", ha añadido en alusión a Agbar, empresa filial de la multinacional francesa Suez.
"Los gobiernos usan el pretexto de la crisis para vender bienes que son de todos", ha advertido Arrojo
La privatización de la gestión del agua provocará un aumento desigual de las tarifas y una pérdida de la transparencia en la gestión de esta empresa, han advertido los manifestantes. "Persiguen privatizar los beneficios y socializar las pérdidas", ha denunciado Theodoros Karyotos, portavoz de una entidad medioambiental de Grecia.
La Generalitat prevé ingresar hasta 1.200 millones de euros este año por la venta de activos, tanto en empresas públicas como en edificios y equipamientos que no ha concretado. Los alcaldes de los municipios abastecidos por ATLL, por su parte, reclaman que estos recursos económicos no sirvan solo para financiar la deuda del Govern. Los Ayuntamientos necesitan financiar los equipamientos de abastecimiento y saneamiento del agua y reclaman que la Generalitat les pague la cantidad que les debe para realizar esta tarea.
M A D R I D
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OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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