Martes, 10 de Enero de 2012
Los primeros presuntos “terroristas” capturados en Afganistán arribaban en enero de 2002 a la prisión de la base militar estadounidense de Guantánamo y una década más tarde, pese a las promesas electorales, el presidente Barack Obama no clausuró el penal que carga con reiteradas denuncias por torturas.
Los prisioneros llegaron entonces a la prisión encadenados de pies y manos, enfundados en trajes enterizos de color naranja y con capuchas blancas sobre sus cabezas, en un aniversario que hoy muy pocos quieren recordar en Estados Unidos.
Entre ellos, el propio presidente Obama, que como prometió devolvió a casa en esta Navidad a los últimos soldados estadounidenses destinados en Irak, pero que luego de tres años de mandato no cumplió su promesa de clausurar la prisión de Guantánamo.
Un compromiso electoral tomado en el curso de la triunfal campaña que lo llevó a la Casa Blanca y que ahora le es reclamado, bajo una estela de infinitas polémicas y acusaciones de organismos por los derechos humanos y organizaciones internacionales. Esos organismos acusan a Washington, de manera más o menos documentada, de sistemáticos abusos consumados en Guantánamo, en nombre de la guerra contra el terrorismo lanzada por el predecesor de Obama, George W. Bush.
Por ejemplo, la organización no gubernamental “Justice Campaign” denuncia a los militares norteamericanos por privación del sueño, aislamiento, ejecuciones simuladas, ahogamientos, agresiones acústicas, humillaciones sexuales, empleo de canes entrenados y diversos otros métodos abusivos empleados para debilitar las defensas psicológicas de los detenidos.
Como uno de sus primeros actos de gobierno en actos oficiales, apenas ingresado al Salón Oval, el 22 de enero de 2008, Obama firmó una orden ejecutiva que disponía la clausura del centro de detención “en el lapso de un año”. Allí, anunció solemnemente: “respetaremos la regla de que nosotros no torturamos”.
Desde entonces, sin embargo, se enfrentó a formidables obstáculos. Apenas a una semana de su anuncio, un juez militar rechazó aplicar la orden de suspensión de los juicios militares para los detenidos en Guantánamo. Algunos meses después, el Congreso aprobó una enmienda para bloquear los fondos necesarios para la transferencia de los detenidos hacia otros centros penitenciarios.
En enero de 2011 Obama refrendó una ley que impedía la transferencia de los detenidos en suelo nacional o en otros países, renunciando a su derecho a veto. Tampoco vetó en diciembre de 2011 una ley pasada al Congreso que en el ámbito financiero incluye la autorización a militares para detener por tiempo indeterminado a presuntos terroristas extranjeros y prolonga la prohibición de usar fondos del Pentágono para construir estructuras carcelarias en suelo nacional destinadas a los detenidos de Guantánamo. La Casa Blanca hizo saber después que el proyecto de cerrar “Gitmo”, como se bautizó popularmente al centro de detención cubano, sigue adelante, pero no está claro con cuantas esperanzas.
Mientras tanto permanece incierta la suerte de cerca de 170 detenidos, que le cuestan a los contribuyentes 800 mil dólares anuales por cada uno, contra 25 mil dólares gastados por servicios similares en las cárceles federales.
Ansa
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