En su primera reunión efectiva, el recién estrenado gobierno del PP ha aprobado, entre otras medidas lesivas para los derechos de las y los trabajadores, la congelación durante 2012 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Esta medida supone un ataque directo, brutal y sin precedentes contra el sector más desprotegido de la clase trabajadora del Estado español, y confirma claramente la voluntad del gobierno de Mariano Rajoy de colocar el recorte de los ingresos de los asalariados y asalariadas como elemento central de su estrategia contra los efectos de la crisis.
Con esta medida, los/las 135.000 trabajadores/as de diversos sectores directamente sujetos al SMI y la inmensa mayoría de los 680.000 trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico (90% mujeres) cuya referencia salarial es el SMI, verán congelados sus salarios en la escasa cantidad de 641,40 euros mensuales. Asimismo, debido a que la congelación del SMI lleva aparejada la congelación del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), cientos de miles de personas más (jubilad@s con pensiones no contributivas, trabajadores y trabajadoras con incapacidad reconocida para el trabajo por enfermedad o accidente, personas perceptoras de pensiones de orfandad o viudedad, etc.) también verán congelados sus ya parcos ingresos.
La congelación del IPREM afectará no sólo a los perceptores de rentas vinculadas a este indicador, sino que una serie de topes máximos de ingresos asociados al derecho a recibir determinadas bonificaciones o descuentos en ciertos servicios, quedarán congelados, de forma que una mínima subida de ingresos puede provocar que cientos de miles de familias sufran un nuevo castigo económico en forma de pérdida de derecho a la tarifa social de la electricidad, pérdida del derecho a beca por estudios, pérdida del derecho a la percepción de los diversos tipos de Renta Mínima de Inserción vigentes en varias Comunidades Autónomas, pérdida del derecho a viviendas en régimen de alquiler social, etc.
Además de estas consecuencias inmediatas, la congelación del SMI va a actuar como una señal para que el sector privado generalice las congelaciones salariales durante 2012. En los años anteriores, la revisión del SMI no sólo repercutía sobre los y las asalariad@s que lo percibían directamente, sino que indirectamente obligaba a revisar al alza a los niveles salariales inmediatamente superiores, de modo que la subida del SMI en realidad beneficiaba a un número de personas considerablemente mayor que el de sus perceptores directos. La propia CEOE calculaba que la subida del SMI desencadenaba la subida de los salarios de hasta 800.000 trabajadores y trabajadoras, precisamente los que constituyen el sector más explotado y peor retribuido de la clase trabajadora del Estado español. Y todo eso sin contar con que la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional se toma como referencia salarial en la inmensa mayoría de los convenios colectivos.
Con esta medida el PP pone sus cartas boca arriba. El recorte a los ingresos de los asalariados se inicia golpeando a su sector más débil. El gobierno de Rajoy apuesta así por la extensión de la pobreza y la miseria como la mejor palanca para doblegar a los asalariados y asalariadas y hacerles aceptar la pérdida de los derechos y mejoras conquistados en las últimas décadas.
Mientras la prensa nos informa cada día de las retribuciones escandalosas de ejecutivos de empresa, banqueros y altos cargos de la administración, mientras surgen constantemente nuevas evidencias de que la corrupción no sólo no se ha contenido sino que extiende sus tentáculos desde el Ministerio de Fomento hastala Casa Real, mientras asistimos asombrados a la elevación de los responsables inmediatos de la crisis a las más altas responsabilidades políticas (Luis de Guindos, flamante ministro de Economía, formó parte del Comité Ejecutivo Mundial del banco Lehman Brothers, cuya quiebra en 2008, tras años de irregularidades y especulación desenfrenada, precipitó el desencadenamiento de la actual crisis financiera), el PP no tiene inconveniente en hundir aún más en la miseria a personas y familias que a duras penas consiguen sobrevivir.
La afirmación de que la economía española no soportaría una revisión del SMI es radicalmente falsa. El SMI español es una de los más bajos de Europa. Incluso Grecia, a pesar de sus problemas, mantiene un SMI de mayor cuantía, por no hablar de países como Bélgica, Holanda y otros, cuyos salarios mínimos prácticamente duplican el SMI español.
Irlanda, a pesar de que su situación económica es mucho peor que la española, y de que está sometida a un durísimo plan de ajuste, mantiene un salario mínimo mensual de 1.461 euros.
Lo que realmente no soporta la economía española es un sistema financiero prácticamente quebrado como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. El dinero que el gobierno va a detraer del sector más empobrecido de la sociedad española va a destinarse precisamente a mantener artificialmente los beneficios de entidades que deberían estar en pérdidas o en quiebra técnica. Cada euro destinado a dividendos de Bankia, del BBVA, del Banco Santander, cada euro percibido en forma de sueldo, bonus, indemnización o jubilación por los directivos de la banca española procede directamente del robo a las familias más necesitadas. Algún día, más pronto que tarde, haremos que estos bandidos, ladrones de alto postín, respondan personalmente por este saqueo generalizado.
En nuestras manos, en manos del conjunto de la clase trabajadora, está la posibilidad de dar una respuesta contundente a esta agresión. Y una parte muy importante de la responsabilidad de la falta de respuesta a estas agresiones corresponde a los dirigentes de las dos grandes centrales sindicales, CCOO y UGT. Estos dirigentes continúan despreciando la voz de los/as trabajadores/as y persisten en sus políticas de pacto social y cesión sin límites ante el Gobierno yla Patronal, y como consecuencia los empresarios y banqueros, lejos de darse por saciados, exigirán aún más recortes y sacrificios para los que vivimos de nuestro trabajo. La propuesta de los llamados “miniempleos”, trabajos con salarios máximos de 400 euros mensuales, es suficientemente indicativa del futuro que la burguesía nos reserva.
Por eso, es urgente que todos los trabajadores y todas las trabajadoras demos los pasos necesarios para lanzar la convocatoria de una huelga general que eche abajo los planes antisociales del PP, incluyendo las acciones precisas para que Toxo y Méndez sepan que no nos representan a los/as trabajadores/as, sino que actúan objetivamente al servicio de nuestros más feroces enemigos. Para ello llamamos a los/as trabajadores/as, especialmente a los sindicados a presionar a todas las asociaciones u organizaciones que obstaculizan el inicio de movilizaciones reales y contundentes a favor de los derechos sociales.
Exigimos como reivindicaciones las siguientes medidas relacionadas con el SMI:
* Implantación inmediata de un Salario mínimo interprofesional para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la entrada en vigor del euro de 1.100 euros mensuales, para todos/as los/as trabajadores/as, incluyendo a los sujetos a contratos de formación o prácticas y Que este salario mínimo aumente progresivamente según el ipc para adecuarse al precio real de la vida.
* Desaparición del IPREM, sustituyéndolo en todos sus efectos por el SMI. La cuantía del SMI debe ser la referencia universal del ingreso necesario para poder vivir con un mínimo de dignidad.
* Sanciones ejemplares para todos los empleadores, ya sean empresarios, profesionales autónomos o titulares de trabajo doméstico, que paguen a sus trabajadores/as salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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