Rezando ante la fosa común. El presidente guatemalteco Álvaro Colom ordena abrir los archivos del ejército, autor principal del horrible genocidio que duró 36 años y dejó más de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos
Los horrores perpetrados por el Ejercito
[guatemalteco] contra las comunidades mayas durante el «quinquenio
negro» (1978-1983), desbordan toda posible descripción. Los culpables
han sido condenados a 6.030 años cada uno.
En la sala del Tribunal de Alto Riesgo de la ciudad de Guatemala,
bajo la presidencia de la juez Jazmín Barrios, la voz firme y serena de
la juez vocal Patricia Bustamante sonó especialmente rotunda cuando
leyó: «Quedó demostrado que los militares actuaron de forma planificada, con ensañamiento y perversidad».La sentencia se refiere a los hechos producidos principalmente el 7 de diciembre de 1982, cuando una unidad de kaibiles -tropas especiales- entró en el poblado de Las Dos Erres, pequeña aldea maya del Petén, al norte del país. Un total de 201 campesinos, civiles desarmados, en su mayoría mujeres y niños, fueron allí asesinados. Veinte y nueve años después, cuatro ex-kaibiles han sido juzgados por aquellos crímenes y condenados en primera instancia a 6.030 años cada uno de ellos.
Según limita la ley, tendrán que cumplir 50. A ellos se añaden otros 30 años por incumplimiento de sus deberes para con la humanidad, sumando 80 años en total.
Los horrores perpetrados por el Ejército de Guatemala contra las comunidades mayas durante largas décadas, pero muy principalmente en el «quinquenio negro» (1978-1983), desbordan toda posible descripción.
Las descripciones fidedignas existen, pero nadie podría creerlas si no fuera por su abrumadora evidencia en extensión, detalle y concreción testimonial.
Ahí están las 1.500 páginas, en cuatro pavorosos tomos, del informe REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), emitido en 1998 por la ODHAG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (24-4-1998).
Páginas, a su vez, corroboradas y extensamente ampliadas un año después (25-2-1999) por las aún más brutales 3.800 páginas de los 12 tomos, aún más pavorosos, del informe de la CEH (Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre Guatemala, a la que tuvimos el honor de pertenecer). Caso de no existir tan aplastante volumen documental y testimonial, nadie podría creer los hechos en él registrados, dada su inaudita atrocidad.
Salvajismo con las mujeres, incluidas las embarazadas, brutalidad con los niños, incluidos los bebés. Monstruosas mutilaciones masculinas y femeninas, previas a los asesinatos. Empalamientos, personas quemadas vivas, aberrantes formas de asesinar que aseguraban largos días de agonía.
Difícil tarea, la de describir lo indescriptible. Pero trabajosamente se hizo, y el fruto documental de ambos informes citados quedó ahí, y ahí sigue para la posteridad.

- Histórica sentencia a ex militares por masacre en Dos Erres en Guatemala
Las mujeres con los niños fueron encerrados en la pequeña iglesia evangélica de la comunidad. Después, las mujeres fueron obligadas a cocinar y servir la comida a sus verdugos, antes de ser violadas y asesinadas por estos. Las violaciones y asesinatos se cometieron con especial sadismo, y los cadáveres fueron arrojados a un pozo, utilizado como fosa común.
Igualmente, los niños fueron también asesinados y arrojados al mismo pozo.
Dos exkaibiles, miembros entonces de aquella unidad militar, hoy retirados, radicados en México y testigos voluntarios de la Fiscalía, aportaron al juicio, por videoconferencia, detalles escalofriantes sobre la actuación de los acusados. Por ejemplo, uno de los criminales ahora condenados, el sub-instructor kaibil Manuel Pop Sun, se llevó por la fuerza a una niña hasta ocultarse con ella en una zona de matorrales próxima al poblado, donde la violó. Regresó con ella, la decapitó y la arrojó al pozo.
Otros detalles igualmente horribles vinieron a configurar el contenido de la sentencia.
Recordemos un hecho que nos fue relatado personalmente por un ex miembro del Gobierno del presidente democristiano Vinicio Cerezo.
En 1986, al ser nombrado ministro, se le asignó como escolta un antiguo kaibil. Al saber que la hija de este sufría una grave dolencia de la vista, abocada a la ceguera salvo que recibiera un tratamiento muy caro y especializado, el ministro, compadecido de aquella desgracia, insoluble en una familia de muy pocos recursos, le consiguió ese tratamiento en Estados Unidos. Cuando se lo comunicó al padre, recibió esta tremenda respuesta:
«Agradezco sus desvelos por mi niña, pero sepa que serán totalmente inútiles. Porque lo que le ocurre a mi hija es el castigo que Dios me envía a mí, por las atrocidades que yo cometí con los niños mayas cuando era kaibil».
¿Qué horrores infanticidas cometería aquel sujeto para experimentar un remordimiento patológico de tal magnitud?
Pero los imputados no son solo militares de baja o nula graduación. En los últimos meses se ha producido el arresto y procesamiento de tres caracterizados mandos ya retirados, pero que ejercieron importantes tareas represivas en la década de los ochenta. Uno de ellos es el general Héctor López Fuentes, ex-jefe del Estado Mayor del Ejército (1982-1983). Contra él pesan acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, perpetrados principalmente contra comunidades mayas, crímenes «en los que sus pueblos quedaron destruidos, sus habitantes de todas las edades fueron asesinados, y las mujeres y las niñas fueron sistemáticamente violadas», precisa Margot Wallstrom, representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos.
Otro de los jefes recientemente capturados y procesados es el coronel Rafael Bol de la Cruz, ex-director de la Policía Nacional, responsable de la detención ilegal y desaparición en 1984 del que fue dirigente sindical y estudiantil Edgar Fernando García, además de una serie de desapariciones forzadas mientras dirigió aquel viejo y corrupto cuerpo policial.
El tercero de los jefes militares aludidos es el también coronel retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa, encarcelado desde 2009 y condenado ya a 53 años de prisión como responsable del secuestro y desaparición definitiva de ocho personas en la aldea de El Jute, en 1981.
Ante esta serie de acciones judiciales, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), reducto del más reaccionario sector de aquel Ejército (un Ejército que durante décadas eliminó a destacados defensores de derechos humanos), ha difundido un comunicado en el que, rechazando con indignación estas actuaciones judiciales, lanza la siguiente advertencia literal: «Advertimos estar dispuestos a luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan». Pero ¿qué significa «luchar nuevamente» para estos militares empeñados en asegurar su propia impunidad y prolongar la de los peores torturadores, asesinos y violadores de mujeres y niñas?
¿Tendremos que presenciar y asumir nuevamente que otros actuales defensores de los derechos humanos vuelvan a ser acribillados en la calle, como lo fueron, entre otros, el diplomático Fuentes Mohr y el ex alcalde Colom Argueta, o apuñalados en las aceras, como la antropóloga Myrna Mack, o golpeados hasta la desfiguración de sus rostros, como el obispo monseñor Juan Gerardi, asesinado tras la presentación de su informe REMHI arriba citado?
¿Tendremos que presenciar la resurrección de los abominables escuadrones de la muerte, nuevamente dispuestos a secuestrar, torturar y asesinar?
¿Requerirá esa nueva lucha anunciada por Avemilgua la patriótica repetición de este tipo de horrores?
Avemilgua terminaba su amenazador comunicado con este eslogan: «Por el honor y la dignidad». Pero ¿qué clase de honor puede defenderse mediante esta clase de crímenes?
¿Y qué clase de dignidad se defiende, o se defendió, violando sistemáticamente mujeres y decapitando niñas mayas hace tres décadas?
Última noticia: los expertos del Equipo de Antropología Forense que analizan para la Fiscalía los restos de las víctimas, acaban de ser seguidos y atacados en su vehículo, y amenazados de muerte en un repugnante escrito de términos soeces y tinta roja, cuyo infame contenido nos retrotrae a aquellos años de plomo que algunos patriotas añoran y amenazan con repetir
EE.UU SE DISCULPA CON GUATEMALA por infectar a cientos de personas con venéreas
Estados Unidos (EE.UU.) pidió disculpas este viernes al Gobierno de
Guatemala por los experimentos realizados por científicos de esa nación
en los años cuarenta que ocasionaron que cientos de guatemaltecos se
infectaran con enfermedades venéreas.
En un comunicado, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, conjuntamente con la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, pidió perdón por parte del Gobierno de su país por estos experimentos que afectaron a cientos de ciudadanos en los años cuarenta del siglo pasado y los calificó de poco éticos e irresponsables.
’’Esos actos no son parte de los principios y valores del pueblo de Estados Unidos’’, dice el texto. (Aunque dichas prácticas o experimentos no han cesado hoy en día: ver: «Psicólogos cómplices de la CIA en la tortura» NdlR.)
El jefe de Estado guatemalteco, Álvaro Colom, comentó por su parte a la prensa internacional que mantuvo una conversación telefónica este viernes con el presidente de EE.UU. Barack Obama en la cual éste se disculpó con el pueblo del país centroamericano.
Adicionalmente, afirmó que estos sucesos constituyen ’’crímenes de lesa humanidad’’ en contra del pueblo del país latinoamericano.
En su conversación telefónica, los dos mandatarios acordaron conformar una comisión bilateral para analizar los hechos integrada por científicos de las dos naciones.
La comisión estudiaría una posible compensación para las víctimas que sobrevivieron a los experimentos o a los familiares.
Entre los años 1946 y 1948 unos 696 guatemaltecos fueron infectados a propósito con enfermedades venéreas por científicos norteamericanos que realizaban experimentos sin que los afectados tuvieran conocimiento de que estaban siendo utilizados como conejillos de indias.
Muchos de los infectados eran presos o enfermos mentales que no otorgaron su consentimiento para realizar el estudio.
En el caso de los hombres presos, se les hizo tener relaciones sexuales con prostitutas enfermas de sífilis o gonorrea o se les infectó directamente.
El objetivo de esta atroz investigación era un intento de EE.UU. de probar si la penicilina era eficaz para combatir la sífilis y la gonorrea.
El experimento contó con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno guatemalteco de la época y estaba dirigido por el oficial médico del Servicio Público de Salud John Cutler.
Esta investigación, a la larga, afectó a más de mil 500 guatemaltecos.
Entre los problemas de salud que puede ocasionar la sífilis destacan complicaciones cardíacas, enfermedades mentales y la muerte.
Según la prensa internacional, no existe manera de saber cuántas personas pudieron restablecerse de la enfermedad o si el tratamiento aplicado fue el indicado.
El experimento se descubrió cuando la profesora estadounidense del Wellesly College, encontró archivos antiguos cuando llevaba a cabo una indagación histórica sobre Sífilis no Tratada en el Estudio Tuskegge.
En el comunicado, la canciller estadounidense manifestó la "vocación por el respeto irrestricto de los derechos inherentes a todo ser humano y el repudio a éste y cualquier otro procedimiento degradante e inhumano que violente la vida e integridad de las personas"
En un comunicado, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, conjuntamente con la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, pidió perdón por parte del Gobierno de su país por estos experimentos que afectaron a cientos de ciudadanos en los años cuarenta del siglo pasado y los calificó de poco éticos e irresponsables.
’’Esos actos no son parte de los principios y valores del pueblo de Estados Unidos’’, dice el texto. (Aunque dichas prácticas o experimentos no han cesado hoy en día: ver: «Psicólogos cómplices de la CIA en la tortura» NdlR.)
El jefe de Estado guatemalteco, Álvaro Colom, comentó por su parte a la prensa internacional que mantuvo una conversación telefónica este viernes con el presidente de EE.UU. Barack Obama en la cual éste se disculpó con el pueblo del país centroamericano.
Adicionalmente, afirmó que estos sucesos constituyen ’’crímenes de lesa humanidad’’ en contra del pueblo del país latinoamericano.
En su conversación telefónica, los dos mandatarios acordaron conformar una comisión bilateral para analizar los hechos integrada por científicos de las dos naciones.
La comisión estudiaría una posible compensación para las víctimas que sobrevivieron a los experimentos o a los familiares.
Entre los años 1946 y 1948 unos 696 guatemaltecos fueron infectados a propósito con enfermedades venéreas por científicos norteamericanos que realizaban experimentos sin que los afectados tuvieran conocimiento de que estaban siendo utilizados como conejillos de indias.
Muchos de los infectados eran presos o enfermos mentales que no otorgaron su consentimiento para realizar el estudio.
En el caso de los hombres presos, se les hizo tener relaciones sexuales con prostitutas enfermas de sífilis o gonorrea o se les infectó directamente.
El objetivo de esta atroz investigación era un intento de EE.UU. de probar si la penicilina era eficaz para combatir la sífilis y la gonorrea.
El experimento contó con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno guatemalteco de la época y estaba dirigido por el oficial médico del Servicio Público de Salud John Cutler.
Esta investigación, a la larga, afectó a más de mil 500 guatemaltecos.
Entre los problemas de salud que puede ocasionar la sífilis destacan complicaciones cardíacas, enfermedades mentales y la muerte.
Según la prensa internacional, no existe manera de saber cuántas personas pudieron restablecerse de la enfermedad o si el tratamiento aplicado fue el indicado.
El experimento se descubrió cuando la profesora estadounidense del Wellesly College, encontró archivos antiguos cuando llevaba a cabo una indagación histórica sobre Sífilis no Tratada en el Estudio Tuskegge.
En el comunicado, la canciller estadounidense manifestó la "vocación por el respeto irrestricto de los derechos inherentes a todo ser humano y el repudio a éste y cualquier otro procedimiento degradante e inhumano que violente la vida e integridad de las personas"
DETIENEN EN ESPAÑA A EX-GENERAL GUATEMALTECO

La policía española detuvo el pasado14 de Octubre en el centro de
Madrid al ex ministro de Gobernación guatemalteco Carlos Vielman, quien
se encontraba en "rebeldía" desde que se le giró orden de aprehensión
por la "ejecución extrajudicial" de siete reclusos en la Granja Penal
de Rehabilitación Pavón el 25 de septiembre de 2006.
Vielman fue señalado por la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, que forma parte de la ONU y es presidida por el
fiscal costarricense Francisco Dall’Anese, como uno de los principales
cabecillas de una red parapolicial que se dedicada a la extorsión, el
secuestro y las ejecuciones extrajudiciales.
El detenido, en calidad de huido desde septiembre, formó parte del
gobierno de Óscar Berger. Fue entonces cuando se habría creado este
grupo parapolicial que formaba una "estructura paralela a la policía".
El grupo parapolicial de Vielman también es acusado de asesinatos,
tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y robos de
drogaOTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario