¿Qué pasa en Chile?
La convocatoria de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) de una Huelga General de 48 horas para los días 24 y 25 de agosto contó con el apoyo de más de 80 organizaciones. Los estudiantes emplazaron al gobierno con una carta a aceptar sus reivindicaciones acerca de la necesidad de un sistema público que asegure la cobertura del derecho a la educación de todos los chilenos.
Las peticiones del estudiantado chileno han llevado al movimiento estudiantil a trascender clases sociales e intereses sectoriales para convertirse en un movimiento social transversal que pone en jaque la paz social establecida tras la sumisión de la Concertación a la Constitución de 1980. Y es que la unión entre los socialistas y Democracia Cristiana que gobernó Chile los últimos veinte años – hasta la victoria en 2010 del derechista Piñera – mantuvo vigente la Constitución del dictador Pinochet, quien destruyó la educación pública chilena con la implantación de medidas de corte neoliberal nacidas de la escuela de Milton Friedman.
La agitación que comenzó en abril de este año en algunas Universidades como la Central de Chile – que hunde sus raíces en la llamada ‘Revolución de los Pingüinos’ de 2006 – derivó en la primera marcha de estudiantes el pasado 12 de mayo con una manifestación en Santiago de Chile convocada por la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech).15.000 estudiantes tomaron las calles de Santiago denunciando que las reformas propuestas por el gobierno de Piñera iban “directamente en desmedro de la educación estatal pública” y venían a profundizar el modelo educativo implantado en la constitución de 1980, un modelo privatizador diseñado por los llamados ‘chicago boys’ de Pinochet. Se encendió en mayo una movilización que, dada la sangrante situación de la educación chilena para muchas familias, pronto se convirtió en una protesta generalizada que cuestiona toda la estructura que rige el modelo educativo chileno desde hace tres décadas.
Las marchas estudiantiles, duramente reprimidas por las ‘fuerzas especiales’, se han ido sucediendo aumentando paulatinamente en número, la mayor marcha del movimiento llegó a convocar entorno a 400.000 estudiantes el 30 de junio en todo Chile. El pasado 18 de agosto 100.000 manifestantes se reunieron bajo la lluvia en las calles de Santiago y la última demostración de fuerza del movimiento fue el pasado 21 de agosto, cuando se celebró el llamado ‘Domingo familiar por la educación pública’, que aglutinó alrededor de medio millón de personas en el Parque O´Higgins según los organizadores. Nace así la voluntad de promover un nuevo proyecto educativo que nazca desde la base social, para que la educación deje de ser considerada un bien de consumo y un privilegio y pase a ser un derecho social con cobertura universal.
Para estudiar en Chile hay que pasar por caja en todos los casos. Los estudiantes, tanto de las universidades privadas como de las tradicionales, deben pagar un arancel para disponer del derecho a la educación, una tasa obligatoria – aparte de la matrícula – para tener el título de la carrera. Es a través de los aranceles como se financian las universidades, en el caso de las tradicionales – financiadas en parte por el Estado- el arancel es más barato. Una carrera en una universidad tradicional cuesta en torno a 20.000 euros, cifra que se dispara hasta los 40.000 ó 60.000 euros en las privadas.
La educación superior en Chile es de las más caras del mundo, está financiada en más del 80% por las familias, aportando el Estado solo el 15%, frente al 97% de Finlandia o el 81% del Estado Español. Esto supone que las familias se ven obligadas a endeudarse para financiar la educación de sus hijos. Economistas como Marcel Claude abogan en Chile por el avance hacia una educación pública financiada al 100% por el Estado y proteger así el derecho a la educación de los sectores más desfavorecidos de la población.“Chile es el único país del mundo que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación y eso es lo que tiene que cambiar”, afirma el académico en Gestión Pública de la Universidad de Chile. Los máximos beneficiados de este sistema son los empresarios que se lucran de la educación y las entidades bancarias que obtienen cuantiosos beneficios de la deuda de los estudiantes.
Hay que tener en cuenta que más del 80% de los estudiantes de Chile están matriculados en centros privados, solo unos pocos consiguen superar las pruebas de acceso para las pocas plazas que ofrecen las univesidades tradicionales. La situación precaria de los liceos municipales dificulta el acceso a estas universidades para los estudiantes de menos recursos, avocándoles a contraer una deuda para continuar su formación. Así, un estudiante chileno con una deuda media de 20 millones de pesos (30.000 euros) puede optar a diferentes créditos para financiar su educación, créditos que le llevarán a pagar desde 3 millones de pesos de interés (4.500 euros) hasta 13 millones (20.000 euros).
En el caso de los estudiantes de las universidades tradicionales, pueden optar al llamado “fondo solidario”, un crédito a 15 años con un 2% de interés y aquellos que pertenezcan a universidades privadas realizarán su carrera bien a través de un crédito con aval del Estado (5,5% de interés), o bien a través de créditos ofrecidos por entidades privadas (entre el 6,5 y el 8% de interés). El ahogo que supone esta deuda para las familias chilenas lleva a muchos a abandonar sus estudios, son los estudiantes que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad quienes más se ven obligados a desertar. En torno al 60% de los estudiantes de familias con pocos recursos abandona por no poder hacer frente al pago de la deuda contraída para cursar sus estudios universitarios.
La rotundidad con que los estudiantes exigen un diálogo claro con los legisladores para reformar el sistema educativo chileno ha acabado con el Ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien no era considerado interlocutor válido por haberse presuntamente lucrado a través de la venta de la Universidad del Desarrollo. El estudiantado denuncia que la aprobación de la ‘Ley de calidad y equidad’ de 2010 – con Piñera en el gobierno – se llevó a cabo sin el diálogo necesario entre todos los actores del ámbito educativo. Camila Vallejo, presidenta de la Confech, afirma que se hizo “de espaldas a la ciudadanía” y reclama un diálogo que realmente responda a la necesidad de “recuperar la educación como un derecho social”. Los estudiantes exigen al gobierno y al parlamento terminar con el lucro en la educación, ampliar la protección social a los sectores más desfavorecidos y acabar con el autofinanciamiento de las Universidades – para lo que piden un mayor aporte del Estado en educación -, así como reestructurar el sistema de becas para frenar el endeudamiento de las familias y que exista una mayor democracia interna en las instituciones de educación.
La consecuencia del modelo neoliberal implantado por los chicago boys en Chile ha sido un enorme grado de privatización de la educación en el país andino, sorprendiendo que, siendo el país sudamericano con mayor renta per cápita, el Estado afirme ser incapaz de asegurar la educación para todos sus jóvenes. En otros países de Latinoamérica como Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Colombia o Perú sí que disfrutan de universidades públicas, cubriendo el Estado las necesidades educativas de al menos el 80% de los estudiantes. El panorama en materia educativa que se vive hoy en Chile alerta sobre el peligro de aplicar en Europa políticas educativas de corte neoliberal, como es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también conocido como “Plan Bolonia” – dirigidas, entre otras cosas, a conseguir el autofinanciamiento de las Universidades, acercándose así al modelo chileno.
La protesta estudiantil chilena se extiende a todos los sectores sociales, alcanzando ya una dimensión política que cuestiona las bases de la estructura sobre la que se asienta la sociedad chilena posterior a la transición. Esta nueva generación, que no conoció la dictadura, sabe que avanzar hacia el futuro supone revisar el pasado.
Y es que la Concertación – vendida para muchos a las multinacionales aunque predica una posición progresista – no se animó a poner en marcha un proceso constituyente, algo que muchos de estos jóvenes entienden como fundamental dada la ilegitimidad de la Constitución pinochetista vigente. El futuro puede pasar por la convocatoria de una asamblea constituyente que incluya la necesaria reforma fiscal que rompa con las enormes diferencias sociales existentes en el país sudamericano con más desigualdad. Así como medidas orientadas a la renacionalización del cobre, la principal riqueza del país, un recurso cuyas exportaciones están valoradas en 40.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, como afirma la presidenta de la Confech, el gobierno de Piñera “se empeña en avanzar en la dirección contraria”, respondiendo a “los intereses de una minoría particular que está hoy en el gobierno”.
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Desde Santiago
Manuel Gutiérrez Reinoso tenía 16 años. Era un buen chico, dicen los vecinos de la Villa Jaime Eyzaguirre, de la populosa comuna de Macul, ubicada en la zona sur oriente de Santiago. Participaba de la Iglesia Metodista Pentecostal, recuerda uno apoyado en la reja de la entrada de la modesta casa del joven. “Estuvimos jugando a la pelota en la tarde”, se anima a contar su “compadre” Giuseppe mientras da vueltas por las callecitas de la población, pensando en la noche fatídica. Es que el destino y las balas nunca fueron amigos.
La madrugada del viernes, tras la última jornada del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Manuel salió de su hogar para ayudar a su hermano Gerson, de 23 años, que se desplaza en silla de ruedas. La idea era hacer lo habitual en estos días: observar los “cacerolazos” de los pobladores en contra del actual gobierno.
En eso estaban cuando se sintieron tres balazos. “Me dieron, hermano”, dijo Manolito y se desplomó. El proyectil le atravesó el tórax causándole la muerte minutos más tarde en la asistencia pública. “Yo vi disparar a los carabineros y no soy el único testigo”, dijo Gerson, que junto a Giuseppe Ramírez, 19, aseguran que fue la policía la que disparó sin mediar provocación alguna.
“Ibamos caminando hacia la pasarela que está al final del pasaje cuando apareció un radiopatrulla de Carabineros y comenzaron a disparar. Estoy seguro de que fueron ellos. Uno de los balazos le llegó a mi hermano en el pecho y cayó al suelo”, agrega entre sollozos el joven minusválido.
Jacqueline, otra de las hermanas de Manolito, cuenta que en un principio pensaron que se trataba de balines de goma. Sin embargo, los médicos de la Posta 4 de Ñuñoa dieron la mala noticia: “No pudimos salvarle la vida porque era una bala de grueso calibre”, dijeron. Ese mismo proyectil fatal, que simbólicamente hirió a todo Chile, será clave para determinar al responsable del cobarde hecho. Los peritos de la Policía de Investigaciones de Chile ya está analizando la bala.
Miguel Fonseca, vecino de la víctima y que tomó la vocería de la familia, contó a Página/12 que se presentarán seis testigos a declarar. Además de Gerson y Giuseppe, irán tres vecinos del sector y otro joven que recibió una bala en el brazo cerca del lugar del hecho y al cual todavía no le extirparon el proyectil.
El hecho caló hondo en la ciudadanía que, en caliente, a través de las redes sociales, apoyó mayoritariamente la versión de los jóvenes. Esto por más que la policía de-sestimara la participación de funcionarios de su institución.
“Descarto de plano la participación de carabineros. Sé que hay alguna versión de que habría pasado un vehículo por el lugar donde ellos estaban y cumpliría no sé con qué característica, que ellos lo atribuyen a que era un vehículo de carabineros”, dijo el segundo jefe de zona Metropolitana, el general Sergio Gajardo.
Pero el clima sombrío estuvo presente todo el día. “En un año y medio, los carabineros perdieron toda la credibilidad y el respeto que habían ganado en veinte. Ahora los cabros (chicos) no les tienen miedo como en la dictadura, cuando para nosotros ver a un paco era lo mismo que estar mirando a Pinochet. Ahora los jóvenes no van a aguantar ser reprimidos”, le decía un amigo a otro en un café del centro de Santiago, dando cuenta del impacto de la noticia y del golpe que ha significado para carabineros –culpables o no– su actuación en las movilizaciones estudiantiles. Si bien la delincuencia y la violencia han sido rechazadas transversalmente y varios policías han sido heridos, incluso a balazos, ellos se han llevado el repudio más grande.
La Moneda y principalmente el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, han sido duramente cuestionados por su labor. De hecho, luego de que el secretario de Estado prohibiera una marcha anterior por el centro de Santiago, el clima se fue enrareciendo. En ese escenario, el subsecretario, Rodrigo Ubilla, pidió “no especular” sobre la muerte del menor, sino “dejar que las instituciones actúen”.
Mientras tanto, Mireya Reinoso, la madre del chico fallecido, se aferra al credo que profesa para aguantar tanta pena. Generosa, la mujer también pide que se haga justicia para que esta tragedia no se repita.
“Nada me va a devolver a mi hijo, pero creo que podrían haber disparado al aire, podrían haberse cerciorado de que estaban haciendo algo. Pero sé que la justicia viene de arriba... es un dolor muy grande”, dijo entre lágrimas.
Al pequeño Manolito lo velan ahora en la parroquia evangélica que queda a dos cuadras de su casa. El mismo templo al cual acompañó a su abuelita tantas veces a rezar. Oraciones que se repitieron en diversas “velatones” que se de- sarrollaron en homenaje al pequeño mártir de la movilización estudiantil chilena. Los “cacerolazos” anoche fueron de luto.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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