El no a pagar la política financiera de los bancos ha indignado al Reino Unido y a Holanda (principales acreedores de la banca islandesa).
Los gobiernos de Reino Unido y Holanda decidieron en las últimas horas llevar a los tribunales a Islandia por las pérdidas de 4.000 millones de euros a su sistema financiero que les ocasionó el colapso del banco Icesave, filial de Landsbanki.Los ejecutivos de ambos países adelantaron a 300.000 de sus conciudadanos, el importe de los depósitos que perdieron tras la quiebra del banco islandés en octubre de 2008.
La decisión de llevar al país del norte de Europa al banquillo de los acusados, llega después de que los islandeses rechazaran en referéndum este fin de semana, por segunda vez, devolver el dinero a Londres y Ámsterdam. El secretario jefe del Tesoro, Danny Alexander, expresó su “decepción” por el resultado del referéndum –57% en contra y 47% a favor–que rechazó una ley que hubiera permitido cobrar esa factura, y señaló que “parece que el proceso acabará ahora en los tribunales”. “Hay un proceso legal en marcha y seguiremos con él para intentar asegurar que se nos devuelve el dinero que el Gobierno británico ha pagado en los últimos años”, declaró en un programa del canal de televisión BBC 1.
Alexander precisó que se plantea presentar la demanda ante un tribunal del Área Económica Europea (AEE). El ministro de Economía holandés, Jan Kees de Jager, también se declaró ayer “muy decepcionado” por el rechazo expresado por los islandeses. “Estoy muy decepcionado de que no se aprobara el acuerdo previo. No es bueno para Islandia ni para Países Bajos. El tiempo de las negociaciones ha terminado y ahora Islandia sigue obligada a pagar. El tema ahora depende de los tribunales”, aseguró en declaraciones a Reuters. La irritación de los ciudadanos ante el empeño de la Unión Europea y el BCE por salvar a los bancos que no gestionaron sus balances adecuadamente y la incertidumbre sobre la cantidad total a pagar ante la inestabilidad de la corona islandesa fueron los principales argumentos destacados por los opositores a la ley y que pudo haber impulsado el voto negativo expansión ISLANDIA dijo no a la indemnización de 4-000 millones de euros a Reino Unido y Holanda.
Derechos y deberes en Islandia .
Por segunda vez, la ciudadanía islandesa se ha negado en referendum a pagar por lo que consideran una responsabilidad del sistema financiero. Los ciudadanos de las democracias occidentales, atribulados con toda una pléyade de derechos grandilocuentes que legitiman su soberanía, han ignorado durante demasiado tiempo el cumplimiento de una serie de deberes inherentes a este pacto social al que hemos denominado ‘estado de bienestar’. En la época de bonanza, esta responsabilidad colectiva se antojaba tolerable en cuanto las posibilidades que proveía el consumismo más desaforado difuminaban la preocupación sobre esos asuntos. Ahora que la crisis ha removido los cimientos del sistema capitalista sobre el que hemos construido nuestros sueños de grandeza, cabe preguntarse cuáles son las obligaciones de la ciudadanía respecto al mantenimiento de ese sistema; ¿debe la sociedad civil abonar los desmanes de una banca inconsciente?, ¿están obligados acaso a padecer las consecuencias de la incompetencia de su clase política?, ¿es lícito sumirse en el silencio mientras una obscura casta financiera saquea el fruto del trabajo del resto?.
Los ciudadanos islandeses se han reafirmado en el rotundo ‘no’ con el que ya condenaron a la primera tentativa de acuerdo el pasado año y muestran su resistencia a adquirir responsabilidades lejos de su incumbencia en detrimento de sus ya de por sí maltratados derechos. El referéndum celebrado ayer, 10 de abril, en el que se debía aprobar la indemnización de 4.000 millones de euros (un tercio del PIB del país) en 37 años con un 3,3% de interés a Reino Unido y Holanda por el colapso en 2008 del banco en línea Icesav, volvió a mostrar la negativa intransigente de una población hastiada de los excesos de sus banqueros, esos por los que ahora se le exigen deudas millonarias cuya maltrecha economía no puede soportar.
El país más feliz del mundo según los estudios previos al estallido de la crisis financiera, ha presenciado cómo su etéreo estado de bienestar erigido sobre la privatización masiva de entidades y sectores productivos en la década de los 80’s, fue saqueado conscientemente por unas decenas de hombres de negocios y políticos corruptos alimentados por el afán voraz de lucro. El experimento de hacer de Islandia el mayor paraíso fiscal del mundo, con los activos de sus bancos por encima de la riqueza del propio país, con barra libre en la concesión de créditos, con el despilfarro mayúsculo de los poderosos; finalmente se malogró con el colapso del sistema y la posterior ruina del país.
Las cifras de desempleo aumentaron como nunca antes, el PIB se desplomó, la inflación alcanzó cotas inimaginables meses antes como resultado de la devaluación de la corona, las quiebras de los bancos se sucedieron. El sueño, al fin, se desvaneció. Ahora, los derechos concedidos a sus ciudadanos como los despojos sobrantes del opulento banquete celebrado a su costa, se les niegan en favor de unos deberes contraídos por la quiebra de un banco fraudulento por el que 300.000 ahorradores británicos y holandeses perdieron su dinero tras haberse lucrado durante años de sus beneficios de alto riesgo. Islandia se enfrenta, pues, a una encrucijada en la que debe sortear tanto la depresión económica que atraviesa y sus dilemas consustanciales, como la amenaza de los países a lo que ‘adeuda’ miles de millones a interponerse en su ingreso en la Unión Europea. Mientras tanto, la población se niega a claudicar en la defensa consciente de sus derechos democráticos a pesar de las consecuencias inciertas de su decisión en el frágil sector económico del país. Los tribunales de justicia europeo dictarán veredicto en la contienda tras la imposibilidad de un acuerdo que desestabiliza la coalición gobernante en el país nórdico.
La revolución islandesa continúa con paso firme ante la admiración entregada del resto de democracias occidentales, igualmente raptadas en su capacidad de decisión, aunque aletargadas por el discurso vacío de los derechos que supuestamente gozamos. Resulta kafkiano que un país, que unos ciudadanos, deban pagar por la temeridad de una entidad privada alojada en otro país. La moraleja es clara y concisa; siempre pagan los mismos.
Diagonal (Jesús Benabat)
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