El Ejecutivo Zapatero pretenden cerrar una reforma que reducirá las prestaciones y excluye a los trabajadores que no logren cotizar un mínimo de 20 años
LAS PENSIONES PERDERAN ENTRE UN 20% Y UN 30% DE SU PODER ADQUISITIVO
Una parte de la población verá restringido su derecho a acceder a ellas
El próximo 28 de enero es la fecha prevista por el Ejecutivo Zapatero para cerrar su reforma de propuesta del sistema público de pensiones y trasladarla al Congreso de los Diputado. Si, como es del todo previsible, se materializan las propuestas del Gobierno socialdemócrata que han trascendido en las diferentes reuniones del Pacto de Toledo, los pensionistas españoles perderán entre un 20 y un 30% de su poder adquisitivo. Pese a todo, quienes logren acceder a una pensión al final de su vida laboral podrán considerarse unos auténticos “privilegiados”, ya que una parte importante de la población verá seriamente restringido este derecho social, alcanzado gracias a las luchas de generaciones de trabajadores.
La reforma de la Seguridad Social que está preparando el Gobierno español supondrá el recorte más importante de los últimos 30 años. En la actualidad, el 55% de los pensionistas españoles no llegan a cobrar el Salario Mínimo Interprofesional y es justamente la prestación por jubilación las que será más seriamente afectada por la contrarreforma. Además del aumento de la edad de jubilación, esta incluirá importantes modificaciones en el cálculo que reducirán hasta un 30% las prestaciones finales. La modificación de la edad ordinaria de jubilación a los 67 años causará una penalización de dos años más a todas las personas que se jubilen anticipadamente, lo que reducirá entre un 12% y un 16% las actuales prestaciones. Así, una persona que quiera jubilarse anticipadamente a los 62 años dejará de cobrar entre un 30 y un 40% de la pensión, mientras que la penalización actual oscila entre el 12 y el 18%.
Una segunda medida incluida en la reforma es la ampliación del período de cotizaciones que se toma para calcular la prestación -
os actuales 15 años a los 20. Según las estadísticas que elabora la propia Seguridad Social, esta medida reducirá un 8,3% las prestaciones finales del conjunto de los pensionistas. También se pretende ampliar de 15 a 20 años el período mínimo para tener derecho a la jubilación. Un incremento que puede dejar sin derecho a esta prestación a todas aquellas personas, sobre todo mujeres y trabajadores con empleos precarios, con vidas laborales más bajas.
Otra medida anunciada por el Gobierno, y aparentemente ya acordada en el marco del Pacto de Toledo, es la ampliación del período que se exige para tener una pensión del 100%, que pasará de los actuales 35 años a 40 años. Este cambio afectará previsiblemente a todos los trabajadores, ya que la pensión se reduciría alrededor de un 2% por cada año que no se llegue a los 40 de cotización y supondría una reducción media de las prestaciones del 10%.
Tampoco se escaparán de este tremendo recorte las pensiones de viudedad. Si la reforma sale adelante tal y como está planteada por el Ejecutivo del PSOE sólo tendrán derecho a ellas aquellos cónyuges que dependan económicamente “de forma absoluta” del trabajador fallecido.
Se preparan, igualmente, restricciones a las pensiones de invalidez, mediante la modificación de la forma de cálculo y de las directrices indicadas a los tribunales médicos, ideadas para que éstos otorguen menos bajas y declaren menos incapacitados.
La reforma de la seguridad social, en suma, además de limitar el acceso a las pensiones de una parte importante de la población trabajadora, mermará hasta límites dramáticos el poder adquisitivo de unas pensiones que ya son las más bajas de la UE de los 15.
LOS BENEFICIARIOS DE LA REFORMA
Pero no todos son damnificados por la contrarreforma que pretende imponer el Gobierno psocialista. Ésta busca, por el contrario, beneficiar a un sector económico muy específico promoviendo los llamados "planes de pensión privados". Estos planes de ahorro son gestionados por las grandes entidades financieras. En España, las mismas que llevan años financiando estudios “científicos objetivos” que auguran una y otra vez el colapso del sistema público de pensiones. Lo cierto es, no obstante, que a diferencia de la Seguridad Social, que nunca ha tenido déficit, los planes de pensiones privados a menudo pierden una parte importante de su valor. Sólo en el año 2008 cayeron un 9% y en 2010 alrededor de un 2,6%. De hecho, únicamente los planes de más de 15 años de antigüedad, que son la minoría, han dado rentabilidades superiores a la inflación.
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