Cuanta razón tenía el ex alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, cuando pronuncio su conocida frase...La justicia es un cachondeo... aunque además de cachondeo es una aberración. ¿Alguien dudaba de que se produciría esta sentencia?
Podríamos decir aquello de demasiado poderoso para ir a la cárcel, demasiado rico para pagar.
Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional han decidido estimar la demanda de amparo interpuesta por Hernando al concluir que las condenas impuestas vulneraron su derecho a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal.
El constructor fue condenado en julio de 2004 a cuatro años de cárcel y el pago de una multa de casi cuatro millones de euros por el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid por estar detrás de una supuesta trama de defraudación de impuestos articulada a través de la sociedad Patrimonio 2000, de la que era dueño. Esta mercantil, cuyo objeto social era supuestamente la construcción y compraventa de bienes inmuebles, presentó unas declaraciones en los ejercicios 1992 y 1993 correspondientes al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en las que no se correspondían las cantidades consignadas por las operaciones realizadas con las realmente efectuadas, por lo que fue denunciado por la Agencia Tributaria.
La Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó en el año 2007 la condena, aunque decidió rebajar a dos millones de euros la multa impuesta a “El Pocero”. Este tribunal concluyó que la empresa Patrimonio 2000 constituía en realidad una tapadera para la defraudación fiscal y señalaba en su sentencia que era “una simple fachada societaria que carecía de estructura administrativa física ni de personal”.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, encabezada por el vicepresidente, Guillermo Jiménez, ha decidido ahora anular la condena a Hernando al concluir que los tribunales de instancia no acreditaron el ánimo defraudador del constructor. La sentencia hecha pública hoy centra parte del debate jurídico en torno al hecho de si a la empresa Patrimonio 2000 se debía aplicar o no el régimen obligatorio de la transparencia fiscal.
El caso es buscar cualquier excusa o justificación judicial ( las leyes pueden ser personalmente interpretadas de una u otra forma) para que no paguen los ricos y los poderosos. Los tribunales de "justicia" están para lo que están; preservar el orden establecido, es decir perseguir a un jornalero por cualquier protesta y absorver a cualquier miembro de la oligarquia sea cual sea su delito. Son uno más de los instrumentos de poder que utiliza el Capital.
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