Unas 1.500 personas han ocultado en Suiza entre 6.000 y 10.000 millones a las arcas públicas; no obstante, la repuesta de Hacienda ha sido mirar hacia otro lado.
Escandaloso trato a favor de las rentas más altas.
A finales de junio la Agencia Tributaria recibía del Gobierno francés una serie de listados en los que figuraban los nombres de unas 1.500 peresonas españolas de alto rango-político, empresarios, banqueros,etc. Poseedores de cuentas opacas en la filial suiza del banco británico The Hongkong and shangai Banking Corporation (HSBC). La "pillada", que proviene del robo de las listas por parte de un empleado del banco, podría definir el paradero de entre 6.000 y 10.000 millones de euros ocultados a las arcas públicas desde el 2005, el primer ejercicio sobre el que hay información
La reacción hasta ahora de la Agencia Tributaria ha sido más bien timida. En primer lugar se conminó a los implicados en el escándalo a que regularizaran su situación antes del 30 de junio para evitar una sanción administrativa. Una suerte de amnistia fiscal que, a juicio de Carlos Cruzado, consejero del Cuerpo Especial de Hacienda para la gestión Pública (GESTHA), supone "un trato de favor especial respecto al resto de los contribuyentes".
Cruzado resalta la anormalidad en la actuación de la Hacienda española, asegurando que existe "una doble vara de medir", pues lo lógico sería que la Agencia Tributaria "comenzara a abrir procedimientos de inspección y remiitera a la Fiscalia los expedientes de las personas que pudieran haber cometido un delito fiscal".
No saben, no contestan.
Una vez pasado el plazo fijado, no han sido muchos los que han optado por regularizar su situación con las cuentas públicas. La mayoría de los implicados han preferido no darse por enterado del requerimiento tributario hasta que Hacienda ha amenazado con hacer públicos los nombres en el Boletin Oficial del Estado. De esta forma es muy posible que los implicados terminen por aceptarlo ya que, una vez pasada la fecha tope, no tiene mucho sentido optar por ignorar la llamada. El centro del debate está en que los técnicos e inspectores opinan que Hacienda se centra en imponer sanciones en función de los rendimientos del dinero localizado en Suiza. Sin focalizar la investigación en el origen de los fondos hallados en el HSBC. Es dificil demostrar la procedencia del dinero sin investigar. En el caso de que se tratase de fondos no tributados, deberia aplicarse un 43% de gravamen sobre ellos, sin embargo, las grandes fortunas podrían aducir que se trata de dinero ahorrado, con lo cual el tipo a aplicar estaría entre el 19 y el 21% para cantidades superiores a los 6.000 euros.
¿Se trata de un delito fiscal?
Aun cuando es muy probable que la mayoria de estos casos incurran en un delito fiscal-estipulado cuando la cuota defraudada es superior a los 120.000 euros-, es dificil esperar la colaboración del HSBC, pues supondría un descrédito ante sus clientes, o de las autoridades suizas, habituados a funcionar como un paraiso fiscal pese a los llamamientos del G-20 y la Unión Europea a que cambie esta situación. Los convenios de doble imposición que el país helvético ha firmado con Francia o Dinamarca podrían favorecer la colaboración en cuanto a la labor informativa pero no respecto a las averiguaciones fiscales."Si no se investiga no se puede llegar a conclusiones", resalta Carlos Cruzado quien también lamenta que "en un país donde el fraude y la economia están 10 o 12 puntos por encima de la media europea, la Agencia Tributaria mire para otro lado" a la hora de investigar.
El Gobirno asegura que, hayan cumplido o no con el requerimiento inicial, se aplicarán las multas que prevé la Ley General tributaria en casos en los que se detecten indicios de delitos fiscal y que oscilen entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada.
Esto suscita controversia por la contradición que supone ofrecer primero una anmistia para quienes regularizaron su situación antes del 30 de junio y asegurar después que, en el caso de que se aprecie un delito fiscal, se procede a sancionar en función de la Ley Tributaria. Otra posible consecuencia de la actuación de la Hacienda española es que prescriban algunos de los delitos en los que se hubieran incurrido, limitados a cuatro años en el caso de infracciones tributarias.
Liechtenstein 2088, otra anmistia.
No es la primera vez que la agencia Tributaria utiliza este polémico procedimiento de actuación en este tipo de casos. En el 2008 se investigó a 198 españoles con cuentas opacas en el paraiso fiscal de Liechtenstein mediante datos obtenidos de una forma muy similar al caso suizo. En el caso de Leichtenstein apenas un 20% de los implicados terminaron regularizando su situación sin que finalmente se impusieran sanciones de gravedad al resto. Según Carlos Cruzado, el mismo metodo se ha aplicado también " en listados de operaciones hechas con billetes de 500 euros". Además, la filial española de HSCB estuvo envuelta en el caso Gescartera hace diez años.
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