Al borde de la quiebra mundial debido a la crisis del "ladrillo" la mayoría de las corporaciones locales de España llenan sus arcas públicas con la creación de nuevos impuestos, subidas de tasas municipales y la imposición de más multas. Teniendo en cuenta que un tercio de sus ingresos venían de la mano de la construcción y que el boom inmobiliario ha caído, no han encontrado otra solución más que subir generalizadamente los impuestos locales, en particular el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Lo más lamentable de todo esto es que el objetivo principal de estas prácticas no es otro sino del aumentar la caja y no mantiene ninguna relación con la necesidad del servicio público que exige la ley para esta subida de impuestos.
Como ejemplos de todo ello habría que recurrir a ayuntamientos como el de Madrid donde el señor Ruiz-Gallardón ha vuelto a restaurar viejas tasas como la de basura para así poder justificar el aumento del IBI, o la creación de nuevos impuestos como son el cobro por la prestación de servicio de comidas a domicilio o por la realización del control de alcoholemia a quienes de positivo. Otros ayuntamientos, como el de Zaragoza o el de Guadalajara, también ha ideado nuevas tasas como son la del paso de vehículos a través de las aceras (distinta del vado). Otros municipios más pequeños, como puede ser el de Azuqueca de Henares (Guadalajara) donde gobierna el PSOE en coalición con IU, lo que hace es adelantar el IBI aún sin haber transcurrido un año desde el pago anterior.
¿Todas estas actuaciones no deberían ser calificadas de ilícitas por parte del Gobierno Central ya que en ningún momento este aumento o nueva creación de impuestos se hace atendiendo a las finalidades que establecen las leyes? Claro que olvidaba que quien se ve afectado por estas tasas es el pueblo, la clase obrera, el ciudadano de a pie que se ve oprimido por las injusticias sociales y al que los gobiernos parecen no tener en cuenta.
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